En esta nota te contamos a través de testimonios de María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales y Elba Stancich, docente y especialialista en ingeniería ambiental, con trayectoria en ONGs y redes de la sociedad civil, las preocupaciones, el estado actual de los humedales, su importancia y la mirada legislativa de proyectos para preservarlos.
Unos quince años atrás, la mayoría de la sociedad desconocía la palabra humedales. Hoy está incorporada en las conversaciones cotidianas, sobre todo en las ciudades donde la población está agobiada por el humo que respira debido a los incendios que sufre el Delta del río Paraná. Hay carteles en las calles, pintadas, letreros en sitios públicos, exigiendo “Basta de quemas” y “Ley de Humedales ya”, que se suman a las numerosas protestas que reclaman a la dirigencia política y responsables de gobierno acciones concretas.
“Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación, o con su suelo saturado con agua durante períodos de tiempo considerables. Si bien con esta denominación se incluye una amplia variedad de ecosistemas, todos cumplen con una propiedad primordial: el agua juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas”, describió Testa.
Y agregó: “Los mismos son indispensables por los innumerables beneficios o “servicios ecosistémicos” que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos, materiales de construcción y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático”.
Sin embargo, un estudio tras otro demuestra que la calidad y la extensión global de los humedales disminuyó entre 64 y 71% en el siglo XX. En consecuencia, los servicios de los ecosistemas que los humedales proporcionan a las personas se encuentran en peligro.
Por su parte, Stancich comentó que en Argentina, según el inventario realizado sobre regiones y subregiones de humedales, éstos cubren el 22,1% del territorio nacional y también se están deteriorando de manera alarmante. Actividades agrícolas y ganaderas, urbanizaciones, minería, se realizan sobre humedales transformándolos y acelerando su deterioro. Estudios realizados por el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, indican que desde comienzo de este año hasta el 11 de septiembre, se quemaron unas 232 mil hectáreas en todo el Delta.
Acción legislativa
Una ley de presupuestos mínimos (que establece una tutela ambiental uniforme en todo el país) que procure el ordenamiento territorial de los humedales, como fue el caso de bosques y glaciares, “contribuiría a su protección y a evitar conflictos de uso, por lo que resulta necesaria, aunque debemos aclarar no regularía las quemas, ya que esto lo hace otra ley de presupuestos mínimos sancionada en 2009 que no está siendo debidamente implementada ni cumplida por los gobiernos provinciales”, aseguraron las especialistas.
El primer proyecto de ley de humedales fue presentado en 2013; en dos ocasiones se logró media sanción en el Senado de la Nación, pero sin avances en la Cámara de Diputados. Sólo en el año 2020 se presentaron en el Congreso Nacional 15 proyectos, que finalmente perdieron estado parlamentario. Y nuevamente este año hay otros tantos que esperan su tratamiento.
Testa resaltó que para que la ley resulta efectiva, entre otros aspectos importantes, debe incluir una moratoria de actividades mientras se realice el inventario y el ordenamiento de los humedales, definir categorías de conservación especificando tipos de usos permitidos y que el ordenamiento se apruebe por las legislaturas provinciales. “Esto le otorga solidez y evita posibles discrecionalidades de parte de los ejecutivos provinciales”.
“Claramente hay intereses que resisten una ley de humedales, por considerar que avasalla el derecho a producir y al desarrollo de actividades económicas. Este razonamiento soslaya el hecho que una economía robusta y perdurable, depende de ecosistemas saludables, y que la tendencia del comercio es asegurar que tanto bienes como servicios se generen de manera sustentable, a tono con lo que reclama la ciudadanía”, resaltaron ambas ambientalistas.
Por lo relatados por Testa y Stancich la ley no va en contra de la producción, lo que procura es establecer reglas de uso del suelo claras, prevenir conflictos, y asegurar la conservación de estos ecosistemas valiosísimos que necesitamos y contribuyen entre tantos otros beneficios, al cumplimiento de las metas de cambio climático que Argentina se propuso.
